El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar ha anunciado la reapertura del caso Akapana, que involucra al empresario y precandidato opositor Samuel Doria Medina.
Este caso surgió a raíz de la filtración de los "Papeles de Panamá", un escándalo internacional que expuso las presuntas conexiones de diversas personalidades públicas y empresarios con la creación de empresas offshore para evadir impuestos. En este contexto, Cuéllar expresó su intención de presentar una solicitud ante la Comisión de Justicia Plural y la Fiscalía Departamental de La Paz para reactivar la investigación.
El caso Akapana está relacionado con las supuestas maniobras de Doria Medina para evitar impuestos mediante la venta de acciones de su empresa Soboce, una productora de cemento, a la compañía mexicana Chihuahua, a través de la intermediación de la firma offshore Akapana S.A. Según las investigaciones, esta transacción podría haber causado una pérdida económica al Estado boliviano de alrededor de 54 millones de bolivianos, una cifra que, según Cuéllar, representa una grave violación de las leyes fiscales y evidencia un claro acto de corrupción.
El legislador cruceño destacó que la reactivación del caso no tiene una intención política contra Doria Medina, sino que está fundamentada en pruebas concretas que muestran irregularidades en la gestión de sus negocios. Cuéllar enfatizó que el empresario debería enfrentar la justicia, en lugar de continuar con su campaña política hacia las elecciones generales de agosto. Según él, las pruebas existentes son suficientes para exigir que Doria Medina sea detenido y responda por su presunta evasión fiscal.
Este proceso se inició en 2016 durante la gestión del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien, basándose en un informe de la Asamblea Legislativa sobre los Papeles de Panamá, solicitó que se investigara la operación de Doria Medina. Sin embargo, el caso fue cerrado por la jueza Melina Lima del Juzgado Cuarto Anticorrupción, quien argumentó que no había pruebas suficientes para continuar. Esta decisión llevó a una acusación contra la jueza por incumplimiento de deberes y resolución contraria a la Constitución.
Cuéllar ha afirmado que reabrir la investigación es fundamental, no solo para garantizar que los responsables de fraudes fiscales enfrenten las consecuencias, sino también para asegurar que el daño económico al Estado sea reparado. En sus declaraciones, destacó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establece sanciones severas para los delitos relacionados con la corrupción, debe aplicarse de manera rigurosa en este caso. De esta manera, el diputado ha solicitado que la investigación continúe conforme a los procedimientos establecidos, con el fin de obtener las pruebas necesarias para que Doria Medina rinda cuentas ante la justicia.
El caso Akapana, que involucra a una figura política influyente como Doria Medina, ha generado gran expectación en la opinión pública boliviana. Mientras algunos consideran que la reactivación del proceso responde a un interés legítimo por combatir la corrupción y la evasión fiscal, otros ven este movimiento como un intento de debilitar la campaña electoral del opositor. No obstante, lo cierto es que este escándalo pone en evidencia las dificultades de Bolivia en su lucha contra la corrupción y la necesidad de que los responsables de fraudes fiscales sean llamados a rendir cuentas por sus actos.
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