La Iglesia frena la escalada del conflicto y Guarayos declara emergencia sanitaria

La instauración de un cuarto intermedio ha abierto una oportunidad para el diálogo en medio de los bloqueos, que ya provocan pérdidas económicas, tensiones políticas y alertas sanitarias en varios municipios afectados por la escasez de medicamentos, insumos y oxígeno medicinal.

Lo que inicialmente se perfilaba como un posible enfrentamiento entre sectores cívicos movilizados y bloqueadores en San Julián terminó derivando en un espacio de negociación y desescalada. Tras una reunión de emergencia realizada en el Comité pro Santa Cruz, la dirigencia cívica decidió suspender la movilización prevista para este martes hacia la Chiquitania, aceptando la mediación de la Iglesia Católica, la Policía y las Fuerzas Armadas. La medida se adopta en un contexto de creciente crisis, que ya genera desabastecimiento de insumos médicos en distintos municipios del departamento.

La posibilidad de una tregua surgió luego de que venciera el plazo otorgado al Gobierno para restablecer la libre circulación en las carreteras de Santa Cruz, bloqueadas por sectores campesinos vinculados al llamado “evismo”, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El plan original contemplaba concentrar a la ciudadanía en el Cristo Redentor y avanzar hacia San Julián para intentar despejar la vía, bloqueada desde hace casi dos semanas.

Sin embargo, el riesgo de enfrentamientos motivó la intervención de la Iglesia Católica como mediadora. El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, subrayó que el diálogo debe prevalecer y advirtió sobre la creciente preocupación ciudadana ante la posibilidad de que la crisis, ya visible en La Paz, se extienda a otras regiones del país.

Asimismo, instó tanto al Gobierno como a los sectores movilizados a buscar una salida negociada, haciendo énfasis en las consecuencias humanas de los bloqueos. Recordó que estas medidas afectan especialmente a los más vulnerables, como adultos mayores, niños y personas enfermas que quedan atrapadas por el cierre de rutas.

Tras la reunión, el dirigente cívico Cochamanidis anunció la implementación de un “cuarto intermedio” en las acciones previstas, señalando que la decisión busca no obstaculizar los esfuerzos de pacificación impulsados por la Iglesia. Recalcó que la prioridad debe ser la vida de los ciudadanos, en declaraciones realizadas junto a representantes policiales, militares e instituciones cívicas.

En paralelo, la Policía mantiene operativos preventivos en distintos puntos para evitar nuevos bloqueos y posibles enfrentamientos. El comandante departamental de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que los contingentes continúan desplegados en Mairana y otras zonas estratégicas, con el objetivo de impedir cortes de ruta anunciados por sectores movilizados de los valles cruceños.

Según Gómez, la prioridad institucional es garantizar la seguridad y evitar cualquier tipo de violencia entre ciudadanos. Detalló que actualmente persisten varios puntos de bloqueo en el departamento: tres en San Julián, dos en Guarayos y uno en la zona de Puerto Grether.

El conflicto continúa generando un fuerte impacto económico y sanitario. Municipios como Urubichá y Ascensión de Guarayos han reportado el agotamiento de oxígeno medicinal, antibióticos y otros medicamentos esenciales, debido a la imposibilidad de abastecimiento por las carreteras bloqueadas.

Durante la noche anterior, los bloqueadores en San Julián levantaron la medida por más de dos horas, permitiendo el paso de vehículos. Aunque el cuarto intermedio ha contribuido a reducir la tensión, la situación sigue marcada por la incertidumbre. Los sectores cívicos mantienen la presión sobre el Gobierno para que se restablezca el tránsito y evitar mayores perjuicios al sector productivo.

En este contexto, Luis Alberto Banegas, presidente del bloque productivo de los Valles Cruceños, advirtió que los agricultores acumulan pérdidas desde noviembre de 2025 debido a los bajos precios y a las constantes interrupciones en las carreteras. Indicó que solo los productores de tomate registran pérdidas cercanas a un millón de bolivianos diarios.

Por su parte, la Asociación de Horticultores y Fruticultores (Asohfrut) informó que más de 5.000 productores se encuentran afectados por la crisis. Su presidente, Nue Morón, alertó que muchos agricultores han comenzado a abandonar el campo ante la imposibilidad de recuperar sus inversiones y advirtió que un eventual bloqueo en la ruta de los valles podría provocar pérdidas totales.