La reciente convocatoria del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) para protestar contra la participación de empresas extranjeras en la explotación del litio potosino es un ejemplo claro de cómo un nacionalismo mal entendido puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo. Este tipo de movilizaciones, lejos de proteger los intereses de Bolivia, podrían comprometer el aprovechamiento eficiente y sostenible de este recurso estratégico, especialmente en un contexto donde la cooperación tecnológica y financiera internacional resulta crucial.
El litio es un mineral clave en la transición energética global, utilizado principalmente en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. Su demanda está en auge, y Bolivia tiene la oportunidad histórica de convertirse en un actor relevante en este mercado. Sin embargo, convertir esta riqueza potencial en un desarrollo real requiere más que discursos retóricos sobre soberanía: necesita tecnología avanzada, experiencia industrial y acceso a mercados globales, elementos que, hasta el momento, el país no posee en la magnitud necesaria.
Las empresas rusas y chinas que está ahora colaborando com Bolivia em la explotación del lítio poseen aceso a la avanzada tecnologia de la Extracción Directa de Litio, que Bolivia no tiene actualmente. La extracción de litio de los salares, especialmente en condiciones como las del Salar de Uyuni, es un proceso complejo que requiere métodos avanzados para minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia. Asociarse con empresas extranjeras permitiría no solo el acceso a estas tecnologías, sino también la capacitación del personal local para operar con ellas.
No son actores desconocidos o que estén iniciándose en este negocio. CATL, por ejemplo, del consorcio chino CBC, es la mayor productora mundial de baterías de iones de litio, con una participación del 34% en el mercado global. CITIC es otra gigante tecnológica china. La rusa Uraium One es parte del coloso energético Rosatom.
El consorcio CBC, conformado por CATL, BRUNP y CMOC, anunció que iniciará operaciones con una planta de tecnología EDL que tendrá una capacidad para 2.500 toneladas anuales de equivalente de carbonato de litio (LCE, por su sigla en inglés). Luego esto se irá incrementando hasta alcanzar un volumen de 25.000 toneladas al año.
La explotación del litio requiere, además, una inversión inicial significativa, que incluye infraestructura, maquinaria y estudios técnicos. Bolivia, por sí sola, no cuenta con los recursos suficientes para llevar adelante estos proyectos de manera óptima. Las empresas extranjeras están dispuestas a asumir esos costos iniciales a cambio de una participación en las ganancias, lo que permitiría al país recibir ingresos sin asumir todos los riesgos financieros. El gobierno afirma que podrá producir 50 mil toneladas anuales en 2025 cuando empiecen a funcionar las plantas de carbonato que tiene previstas, esto podría generar más de 4000 millones de dólares de ingresos fiscales en los próximos 10 años, dinero que decantaría en beneficios sostenibles y que promovería la equidad social de las futuras generaciones.
La postura de COMCIPO refleja un enfoque nacionalista extremo que ignora las limitaciones actuales del país. Proyectos estatales como Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) han avanzado, pero a un ritmo insuficiente para competir con actores internacionales. Bloquear la participación extranjera en nombre de una soberanía idealista podría condenar al litio boliviano a seguir siendo un recurso inexplorado o mal aprovechado.
Además, el aislamiento económico y tecnológico no protege la soberanía; más bien, la debilita. En un mundo interconectado, los países que no cooperan con actores internacionales quedan rezagados. Mientras Bolivia debate la participación extranjera, otros países como Chile y Argentina avanzan rápidamente en la consolidación de sus industrias de litio mediante asociaciones estratégicas.
La protesta convocada por COMCIPO no solo es una muestra de rechazo a las empresas extranjeras, sino también una amenaza al desarrollo económico del departamento de Potosí y del país en general. Es comprensible que exista preocupación por proteger los recursos naturales, pero esto no debe traducirse en rechazar de plano las alianzas estratégicas que podrían convertir al litio en un motor de desarrollo sostenible.
Bolivia posee 21,6% de las reservas mundiales de litio, pero todavía no despega el negocio y más bien va por más inversores para el desarrollo de recursos evaporíticos. Bolivia apuesta al litio para reemplazar los ingresos caídos del gas, pero expertos en el tema aseguran que el país quedó en último lugar en despegar, y recién busca socios para el desarrollo de la industria, 12 años después, y más de 1.000 millones de dólares de inversión. Los convenios suscritos con empresas chinas y rusas para desarrollar la nueva tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL) y la implementación de plantas pilotos de desarrollo en Coipasa y Pastos Grandes, así como en Uyuni, buscan acelerar la producción de materia prima, Carbonato de Litio.
Es fundamental que las autoridades bolivianas, en lugar de ceder ante presiones populistas, promuevan un debate informado y técnico sobre la explotación del litio. Esto incluye establecer acuerdos claros y justos con las empresas extranjeras, que aseguren beneficios para el país mientras se aprovecha su conocimiento y capacidad.
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